Este artículo ha sido publicado anteriormente en El Confidencial.

El pasado 18 de abril, Jiang Xiuhua decidió poner punto y final a su vida. A sus 81 años, esta anciana preparó una soga, caminó hasta el jardín de su casa y se ahorcó bajo un árbol. ¿El motivo? Anticiparse a la ley que entraba en vigor el 1 de junio, que prohíbe los entierros y hace obligatoria la incineración para los cerca de cinco millones de personas que viven en la prefectura de Anqing, en la sureña provincia de Anhui. “Mi abuela había dicho que después de que hubieran preparado su ataúd durante diez años, debía ser enterrada en él”, explicó uno de sus nietos al diario The Beijing News.

Jiang Xiuhua no ha sido la única que ha decidido anticipar su muerte para poder descansar bajo tierra. Desde que el pasado 25 de marzo se dio a conocer la ley, un total de seis personas entre 68 y 91 años se han quitado la vida. “Algunos de los ancianos insisten en ser enterrados por una superstición profundamente enraizada. Es muy difícil convencerles para que acepten nuevas ideas”, explicó al periódico China Daily el joven local Yao Xuefei, de 27 años.

Después de varios intentos infructuosos en 1994 y 2006, parece que en esta ocasión el Gobierno de Anqing ha puesto todos los medios a su alcance para poner fin a los entierros. Entre las reglas en vigor desde el 1 de junio, se incluyen sanciones para los familiares que no procedan a la incineración de los fallecidos, se especifica que los miembros del Partido Comunista también están incluidos y se prohíbe la manufactura y venta de ataúdes en las zonas de cremación.

La velocidad con la que se ha intentado llevar a cabo la reforma, unida a la falta de tacto de las autoridades locales, ha causado gran polémica en el país asiático, que contempla con estupor el suicidio de los ancianos de Anqing. “La reforma es necesaria y hay que hacerla, pero no se puede llevar a cabo de forma radical. También hay que respetar la voluntad de estos ancianos de más de 80 años”, dice a El Confidencial Yuan Gang, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Pekín.

Uno de los detonantes de los suicidios parece haber sido la confiscación de los ataúdes, un objeto clave de los rituales que en ocasiones se compra con años de antelación. Aunque el objetivo era compensar con hasta 1.500 yuanes (unos 180 euros) a las personas que los entregaran de forma voluntaria, lo cierto es que en algunos casos las autoridades fueron de puerta en puerta requisando los ataúdes, provocando un enorme trauma entre los ancianos. “En tan sólo dos meses se ha querido cambiar por completo las tradiciones funerales de una región; cambiar en tan poco tiempo una tradición de miles de años es imposible”, escribía el periodista Jing Yishan en un artículo de opinión.

Las prisas del Gobierno local parecen responder a los 16 incendios ocurridos en un parque forestal de la región desde enero de este año. Según los medios chinos, muchos de ellos se produjeron durante las fiestas del Año Nuevo, cuando los familiares suelen quemar inciensos y lanzar fuegos artificiales para rendir culto a los muertos.

Mucha gente, poca tierra

Además de eso, el principal motivo para impulsar la incineración en China es la preocupación por la escasez de tierras de cultivo, que en el país se conoce con la sencilla expresión de “mucha gente, poca tierra” (人多, 地少 – renduo dishao). Tradicionalmente, los campesinos no se enterraban en cementerios, sino en los propios campos agrícolas, lo que en la China urbana e industrial del siglo XXI podría reducir todavía más la producción de cereales y verduras. “Si todo el mundo construyera una tumba en el campo como se hacía antes, entonces enseguida nos quedaríamos sin tierra”, explica Yuan Gang.

A pesar de eso, este profesor defiende “una solución de compromiso” en la que se pueda equilibrar la necesidad de proteger los campos de cultivo y el respeto a las creencias populares. Una opción podría ser permitir los entierros a tres metros bajo tierra sin colocar ninguna lápida sobre la superficie, evitando de esta forma afectar a los cultivos.

Como en muchas otras culturas (entre ellas la católica), el entierro ha sido durante los últimos siglos una de las tradiciones más importantes de la sociedad china. El confucianismo, que pone énfasis en los ritos y el culto a los ancestros, defendía la conservación del cuerpo en las mejores condiciones posibles, de ahí el rechazo a la incineración.

“Una parte de la tradición confuciana abogaba por mantener el cuerpo de los fallecidos indemne. Si no se hacía así, se consideraba como una falta de piedad filial, y ya sabemos que la piedad filial es una de las virtudes claves del confucianismo”, explica a este diario Andreas Janousch, profesor de Religión e Historia de China en la Universidad Autónoma de Madrid. Para poder conservar los cuerpos en buen estado, todos los años se aplicaban nuevas capas de laca a los ataúdes, lo cual debía garantizar el buen estado de los ancestros y evitar que se pudieran convertir en fantasmas o seres peligrosos.

Con la llegada del Partido Comunista al poder en 1949, el Gobierno comenzó a impulsar la incineración en todo el país con la intención de acabar con “la vieja sociedad” y modernizar China. Los principales dirigentes del país se comprometieron en esa época a dejar atrás los entierros, y la mayoría de altos cargos políticos (entre ellos Zhou Enlai o Deng Xiaoping) optaron por la incineración, que de hecho ya había sido muy popular, al menos entre los siglos X y XIV, por influencia del budismo.

Sin embargo, Pekín siempre dejó la aplicación concreta de la ley en manos de los Gobiernos locales, y en la actualidad algunos intelectuales piden que el Ejecutivo central predique con el ejemplo y no permita excepciones de ningún tipo. “Ahora mismo, todos los líderes del Gobierno central se incineran. Pero el problema es que los restos de Mao se han conservado en su Mausoleo (de la Plaza de Tiananmen). Mao Zedong originalmente también quería incinerarse; si sacas sus restos y los incineras, ¿no estarías dando el mejor ejemplo?”, dice Yuan Gang.

Más de 50 años después de que los entierros se declararan ilegales, la incineración se ha convertido en la norma en las grandes ciudades, pero en muchas zonas rurales del interior la mayoría de chinos sigue apostando por los ataúdes. En algunos casos, los funerales se hacen sin pedir permiso al Gobierno local, mientras que en otros un soborno es suficiente para ‘convencer’ a las autoridades. Según la Sociedad de Cremación de Gran Bretaña, en el año 2012 cerca del 50% de los fallecidos en China habían sido incinerados, muy por detrás de vecinos como Japón (99,9%), Taiwán (92,4%) o Corea del Sur (72,8%), pero por encima de países europeos como Francia (32,5%) o Italia (16,6%).

Las dificultades para aplicar la ley, unidas a lo enraizada que está la tradición en la sociedad rural china, hacen que tampoco la reciente ley de Anqing vaya a poder poner de fin de golpe a los entierros. “Los chinos son muy capaces de reaccionar de una forma muy creativa; si en Anhui no lo pueden hacer, seguramente mucha gente se va a enterrar en otros lugares; o se va a convertir en un asunto de corrupción, de cuánto vas a pagar a la persona encargada”, explica Andreas Janousch.