El pasado fin de semana, las localidades chinas de Chengdu y Kunming, separadas por casi 1.000 kilómetros, fueron el escenario de nuevas muestras de descontento contra la degradación ambiental y el riesgo para la salud que suponen el asentamiento de fábricas productoras de componentes químicos. Metales como el zinc y el plomo e hidrocarburos como el paraxileno se han convertido en uno de los caballos de batalla de la sociedad china a lo largo de los últimos años, en los que se ha ido creando una mayor conciencia en torno a la situación medioambiental del país.
Según la agencia oficial Xinhua, más de 200 manifestantes salieron a las calles de Kunming, en la provincia de Yunnan, portando mascarillas bordadas con un “NO PX” (no al paraxileno) y pancartas rechazando el plan para la apertura de una refinería en Anning (安宁), una localidad situada a 35 kilómetros de la ciudad. Al grito de “¡devolvedme la hermosa Kunming!” y “¡queremos sobrevivir!”, los participantes, la mayoría estudiantes, se opusieron al llamado “PX Project”, que prevé una inversión de más de 3.000 millones de dólares que saldrían del bolsillo del gigante de propiedad estatal China National Petroleum Corporation (CNPC, PetroChina) para la producción anual de 500.000 toneladas de paraxileno.
El paraxileno es un compuesto químico esencial para la fabricación de botellas de plástico y en la elaboración del poliéster para la ropa, cuya inhalación o absorción cutánea puede llegar a provocar daños en los órganos abdominales y el sistema nervioso. A pesar de los peligros que conlleva su producción, en 2010 China se convirtió en el mayor productor y consumidor mundial de este componente químico, que se elabora en una decena de fábricas a lo largo y ancho del país. Todo ello se hace con el apoyo gubernamental y rodeado de cierta opacidad en torno a las consecuencias que su producción puede tener para la salud.
El gobierno local de Kunming, según una de la cuentas de la agencia Xinhua en Sina Weibo, salió al paso para calmar los ánimos y anunciar que pese a que el proyecto tiene la aprobación inicial de la autoridades de Pekín, “aún está pendiente de una mayor investigación y discusión”.
Por otro lado, kilómetros al norte de Kunming, los habitantes de Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, no contaron con la misma permisibilidad policial que sus vecinos del sur y fueron conminados a permanecer en sus hogares. El 26 de abril, utilizando la red social Tieba Baidu, una internauta convocaba una manifestación para protestar contra la planta química Pengzhou, que fabrica etileno. El mensaje fue interceptado por los censores, que se encargaron de eliminarlo unos días antes de la fecha propuesta. La autora de la convocatoria, Fan, de 33 años, fue arrestada y obligada a disculparse mediante un vídeo emitido en la televisión de Chengdu.
A la acción orwelliana de las autoridades chinas se añadió la agitación por la conmemoración del Movimiento del Cuatro de Mayo de 1919, que en momentos de tensión social se puede convertir en una excusa para salir a la calle. La coincidencia en sábado de esta fecha emblemática obligó a las autoridades, según la estadounidense NPR, a “mover el fin de semana” y pasar el día festivo al 6 de mayo, lunes, y obligar a estudiantes y trabajadores a regresar a sus respectivas ocupaciones. Además, se llevó a cabo un reparto de panfletos casa por casa exhortando a la población a “permanecer firmes, no creer en los rumores y no participar en las protestas” y se organizó, casualmente, un “simulacro de combate” por parte de la policía de Chengdu, que previamente invitó a diez activistas asentados en la ciudad a “tomarse unas vacaciones” durante el fin de semana.
La cronología de la lucha contra la contaminación industrial nos remonta a 2007, cuando surgió el primer gran foco de protestas modernas contra la construcción de una fábrica de paraxileno en la localidad costera de Xiamen. Este tipo de manifestaciones han hecho que China viva su “revolución verde” en ciudades como la portuaria Dalian, que logró cerrar una fábrica mediante protestas pacíficas en 2011; en Shifang, también en la provincia de Sichuan, que echó abajo los planes para levantar una fábrica de cobre; y en la pequeña localidad costera de Qidong, al norte de Shanghai, que paró la producción de la industria papelera ocupando las oficinas de los políticos locales hasta que consiguieron llegar a un acuerdo.
La voz y la iniciativa ha partido casi siempre de grupos de activistas y de ONGs medioambientales. Su actividad se centra en las provincias donde las acciones a pequeña escala funcionan como una suerte de “guerrilla medioambiental”, que a lo largo de los últimos años ha forzado el cierre de fábricas, la supervisión de proyectos y la intervención del gobierno a la hora de favorecer la conservación del medio ambiente e invertir en energías renovables.
Internet, sobre todo a través de las redes sociales, ha jugado un papel fundamental para canalizar y movilizar a la población. A pesar de la censura, plataformas como Sina Weibo y Tencent se han convertido en un lugar de reunión donde organizar protestas y sacar a la luz documentos que pueden agitar la conciencia de una sociedad que comienza a mostrar su rechazo y malestar ante el grado de contaminación. También es aquí donde se han destapado casos de vertidos de residuos a las fuentes acuíferas del país o la propia corrupción política, que muchas veces mira hacia otro lado mientras pone la mano para embolsarse algunos millones de yuanes.
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